El 19 de diciembre se conmemoró el Día contra el Femicidio en Chile, y las cifras -según el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género- indicaban hasta ese día un total de 36 asesinatos de mujeres en manos de exparejas o parejas y 165 femicidios frustrados durante el año, a lo que se sumaron dos nuevos crímenes la semana de Navidad. Si bien los números van a la baja comparado con años anteriores (www.emol.com, 19/12/2022), la violencia machista sigue siendo un problema social y de salud.

La docente del Departamento de Salud Pública Marcela Marín, explicó que “la violencia machista y los femicidios son un problema de salud pública, ya que no permiten terminar con las inequidades que existen en salud. Los factores psicosociales son un determinante intermedio de la salud, por lo tanto, cuando existe violencia contra la mujer, ello influye en su bienestar, lo que finalmente se traduce en problemas psicológicos, maltrato físico, maltrato económico, etc.”.

La profesional agregó que la meta 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Milenio (ODS) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), busca ‘Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas’, “por lo que el abuso, la violencia y los femicidios van en contra de este objetivo y generan una distancia mayor para poder alcanzarlos. Las mujeres en pandemia se han visto más expuestas a violencia por parte de sus parejas al estar juntos en el hogar, donde el femicidio es el último escalón de la evolución de la violencia machista”.

Por otra parte, la docente de la misma unidad, Macarena Said, consultada al respecto, dijo que “la violencia de género fue reconocida como problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud en 1996, poniendo de manifiesto las graves consecuencias que tiene sobre el sistema de salud”.

Según datos de la Organización Mundial de Salud (OMS) -agregó- la violencia física o sexual es un problema que afecta a más de un tercio de las mujeres en el mundo, “se estima que el 35% de las mujeres experimentarán violencia, siendo la más común la proveniente del esposo o la pareja íntima alcanzando un 30% de todos los casos. Este tipo de violencia, basada en el género, aparece como una causa significativa de discapacidad y muerte entre mujeres con edad reproductiva”.

Detalló que “las mujeres víctimas de violencia pueden sufrir estrés crónico y, por consecuencia, de enfermedades tales como la hipertensión, diabetes, asma y obesidad. Frecuentemente, como consecuencia del abuso físico como psicológico, las mujeres presentan dolores de cabeza en forma crónica, trastornos sexuales, depresiones, fobias y miedos prolongados. Las víctimas son propensas a sufrir heridas graves e incluso la muerte, muchas de ellas se hacen adictas al alcohol y/o barbitúricos, otras son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual y tienen embarazos no deseados y abortos”.

CIFRAS

Según Said, “en Chile la ‘ola feminista’ iniciada en 2018 abrió un ciclo de visibilización de la violencia contra la mujer, se adoptaron nuevas políticas para frenarla y se amplió la tipificación del Feminicidio. A pesar de esto, los tiempos para lograr justicia siguen siendo largos. Según el registro oficial del Servicio Nacional de la Mujer, se registraron 42 femicidios en 2018, 46 en el 2019 y 43 en el 2020”.

La docente recalcó que la violencia contra la mujer no sólo constituye un grave problema de salud pública, “además es una violación sistemática de sus derechos humanos, que muestra en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer por razones de sexo en la sociedad. La violencia puede y debe ser tratada como un problema de salud pública no sólo porque produce directamente lesiones y defunciones, sino por su influencia en el deterioro del entramado de relaciones sociales”.

Finalmente, Said detalló que “el análisis de la violencia debe partir de qué se trata un fenómeno o evento predecible (y por lo tanto prevenible) para controlarlo y contribuir a su disminución, ya que se traduce en muertes, enfermedad y disminución de la calidad de vida. Lo anterior ha permitido la identificación de grupos de alto riesgo y en consecuencia su consideración en programas y estrategias de prevención”.

Si bien se ha avanzado -recalcó- aun “los gobiernos tienen que hacer más por prevenir este flagelo, afrontando principalmente los factores sociales y culturales que lo determinan”.

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